“Si
la oposición está resteada con el verdadero cambio en el país, deberá
expresarse; por el contrario, si tiene dudas o fisuras, no lo hará”
Prensa Uvivzla
El secretario general nacional de Unidad Visión Venezuela, diputado Omar Ávila,
fijó posición acerca del antejuicio impuesto por el Tribunal Supremo de
Justicia en el exilio al presidente de la República, Nicolás Maduro, el cual
calificó de asunto político.
“Es un tema es político
aceptar sin previo análisis lo de Bogotá; si bien se agradece las buenas
intenciones, en puridad de criterios no es el TSJ el que despacha desde Bogotá,
sino 13 Magistrados”, dijo Ávila.
Asimismo recordó que de los
33 magistrados designados legalmente por la Asamblea Nacional, 11 se encuentra
asilados en EE.UU, otros 2 renunciaron al cargo y uno (Ángel Zerpa), estuvo
detenido durante un mes en el SEBIN, y actualmente se encuentra sometido a
enjuiciamiento con prohibición de salida del país.
“Así que la retórica
legalista no tiene sentido ni de un bando ni del otro. Este es un tema tan
político, como lo es el TSJ express y a la medida del gobierno que opera desde
la esquina de Dos Pilitas”.
El dirigente político
considera, que si la oposición está resteada con el verdadero cambio en el
país, deberá expresarse; por el contrario, si tiene dudas o fisuras, no lo
hará. “Veremos si aprovechan la Cumbre de las Américas para llevar a cabo dicho
planteamiento. Ahí está un grupo importante de colegas diputados que esperamos
hagan llegar este mensaje”.
A juicio de Ávila, este tema
tomará impulso y se mostrará cómo posibilidad real, si se cuenta con la
suficiente y eficaz acción internacional. “Sin embargo, responsablemente
queremos alertar que seguimos en el plano de la post verdad y la manipulación
de situaciones, que tanta frustración y desesperanza ha sembrado en nuestra
ciudadanía”.
En ese orden de ideas,
explicó que el derecho internacional impide a la Interpol emitir una “Alerta
Roja” para concretar el arresto de cualquier Jefe de Estado. La única manera es
que la orden de captura sea emitida por un tribunal internacional como la Corte
Penal Internacional con sede en La Haya.
Señaló que la Interpol es
creada por un tratado internacional que firman los Estados; se trata de la
policía internacional y actúa a petición de la CPI, pero también a petición de
los órganos estatales nacionales. “El tema es que aquí no hablamos de un órgano
del Estado, sino de unos Magistrados en rebeldía. Lo que puede pasar, es que
otro Estado reconozca la actuación de Luisa Ortega como Fiscal de la República
y actúe en consecuencia”.
Por ello, desde la
organización política que representa, Unidad Visión Venezuela, solicita a los
presidentes de los países solidarios con la lucha democrática, que denuncien en
la CPI a Nicolás Maduro a partir del expediente que ha armado Luisa Ortega
Díaz. “Solo así podemos saber que tan resteados están con nosotros, de lo
contrario esto no sería más que una matriz de opinión generada mediáticamente,
en lo que yo llamaría una guerra de micrófonos”.
El también diputado a la AN
considera, si el gobierno de Venezuela es una amenaza, son los demás Estados
quienes deberían, aparte de las sanciones, tener la posibilidad de activar la
justicia internacional.
“Por lo tanto, de lo que se trata es de mayor
intensidad en la acciones de los gobiernos amigos de nuestra democracia.
Acciones éstas, que deben contemplar hechos de mayor impacto a las necesidades
y gravísimas carencias que sufre nuestra población”.
En ese particular, insistió
en la relevancia y urgencia del Canal Humanitario. “El país languidece por
carencias cada vez más críticas. Si bien se observa el esfuerzo del sector
privado al importar alimentos, medicinas, repuestos y demás bienes
imprescindibles, al tener que adquirirlos en divisas y a tasa libre, sus
precios los hacen inaccesibles para más del 80% de la población”.
Asimismo mostró preocupación
por el incremento de fallecimientos por carencias de medicinas y tratamientos
médicos. Así como el número de niños, adolescentes y adultos en estado de
desnutrición crónica.
“Solo la acción internacional concertada, a
través del principio ‘responsabilidad de proteger’ -que si es aplicable a
nuestra tragedia- responde al derecho
internacional humanitarios y del cual Venezuela es signataria”. Concluyó Omar
Ávila.
