La
decisión del TSJ que busca sancionar a alcaldes opositores en Mérida y Miranda
es considerada un método de amedrentamiento contra los venezolanos
Prensa
Carlos Ramos
El pasado miércoles, la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acordó establecer
medidas contra mandatarios municipales del estado Miranda y Mérida, tras admitir
denuncias en contra de los burgomaestres por atentar presuntamente contra los
derechos ciudadanos.
Los amparos emitidos por los
magistrados del TSJ, obligan a los alcaldes a “mantener libre de barricadas las
calles”, hecho que de no cumplirse podría castigarse de cinco a quince meses de
prisión, situación que a juicio del
precandidato a la gobernación del estado Mérida, Carlos Ramos, es una “búsqueda
desesperada” del gobierno de parar las protestas, por lo que afirmó que “arremeter
contra los alcaldes no tranquilizará al pueblo”.
“El pueblo está impaciente
porque tiene hambre, porque no hay insumos médicos, porque el sueldo mínimo no
le alcanza y está cansado de la ineficiencia de Maduro, de ahí que no se puede
evitar que los venezolanos salgan a la calle”.
En este sentido, el líder
regional solidarizándose con los alcaldes del municipio Libertador, Alberto
Adriani y Campo Elías del estado Mérida, así como también con los electores que
depositaron su voto de confianza en ellos, señaló que esto es simplemente una
“medida dirigida y planificada para atemorizar”.
Por ello, expresó que
los ciudadanos de espíritu libertario y demócrata seguirán “haciendo frente a
la dictadura” con el compromiso de restituir el hilo constitucional en el país,
sin “hacer caso a esta medida que sólo busca amedrentar para evitar que la
ciudadanía salga a protestar.