Miriam González A. /UBV
En un contexto de tensiones internacionales y soberanía
comunicacional, el Estado venezolano enfrenta el reto de regular su espectro
comunicacional bajo las leyes de Responsabilidad Social, con el objeto de combatir la desinformación que
ha tomado vuelo después de los hechos del pasado 3 de enero y para garantizar
la paz; por otro lado, sectores opositores cuestionan si estos mecanismos
impactan la pluralidad necesaria en democracia. Para unos, es
una medida de soberanía comunicacional frente a ataques externos; para otros,
una restricción sistemática al pensamiento crítico.
La
investigación señala que desde el norte del continente la batalla por la
palabra se libra en tribunales, contra los algoritmos de las grandes
tecnológicas, las condiciones
laborales, la pauta digital y la hostilidad verbal. La libertad para expresarse
se considera aceptable en Canadá, con algunas
mejoras en Brasil y Uruguay, mientras que la precariedad económica y hostilidad
verbal, la migración de periodistas, las amenazas del crimen organizado, las
agresiones y el señalamiento público son algunos de los obstáculos a resolver
en: Estados Unidos, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, México, Ecuador, Perú,
argentina y Chile.
En este
reportaje se abordaron periodistas locales de ambos polos, juristas y activistas
comunitarios, con el objeto de conocer sus impresiones sobre el derecho a
expresarse, los retos y las fronteras de la libertad de expresión en la ciudad
de Mérida.
Las entrevistas mostraron aspectos de la actividad
periodística relacionadas con el temor o riesgo a expresarse; los consultados
señalan que están conscientes de los riesgos que corren y aun así los asumen,
por cuanto el ejercicio profesional está condicionado por situaciones
personales, contractuales, empresariales y políticas; mostrando que el temor no
es nuevo y que solo la experiencia permite entender que los detalles se deben
cuidar cuando se tienen responsabilidades personales e institucionales.
En cuanto al
equilibrio entre la necesidad de mantener la libertad para expresarse y la
desinformación e incitación al odio, que puede dañar a otros. Reconocen que la
vía para lograrlo está relacionada con la ética y la responsabilidad
individual, y admiten que la polarización perjudica la libertad de expresión,
la sociedad y la democracia.
Seguidamente,
se habló de la barrera más común para obtener información, y en líneas
generales se consiguió que la más común para el periodismo es que las
organizaciones gubernamentales se resisten a informar sobre temas importantes,
cuyo conocimiento constituyen una consulta instantánea que concientiza y
contribuiría a la búsqueda de soluciones para beneficio de todos.
En relación a
la libertad de expresión en Mérida en los últimos cinco años, se considera que
ésta no solo se circunscribe a lo expresado en la Constitución venezolana, hay
otras leyes paralelas que establecen límites, diseñadas para regular las
actividades del ciudadano; significa que se debe respetar el marco legal y no
confundir la libertad de expresión con el libertinaje. La expresión “cada quien dice lo que quiera
decir”, implica que no hay filtros, y se asume como una defensa a la libertad
de expresión, pero también podría ser una excusa para la desinformación, y
ciertamente hay y siempre ha habido limitaciones en los medios sobre algunos
temas, lo importante es ser coherente.
La consulta al jurista sobre el criterio para
diferenciar una opinión impopular o provocadora de un discurso de odio que debe
ser sancionado. Señala: en la Constitución Nacional no se hace una
diferenciación específica entre estos dos conceptos, pero sí garantiza a todos
los ciudadanos, el pleno disfrute del derecho a expresarse libremente. Ahora
bien, como todo derecho trae consigo obligaciones, la constitución también
impone límites para el ejercicio de esa Libertad de Expresión; es decir, que, si
bien se tiene todo el derecho a expresar ideas sin más limitaciones que las
legalmente establecidas, también se está en la obligación de no incurrir en
falacias, o en cualquier forma de comunicación que promueva o incite el odio,
la discriminación y la intolerancia hacia personas o grupos (Art. 20 Ley Contra
el Odio).
En relación a
la libertad de expresión en la comuna. Un pueblo formado para opinar y criticar
es un avance, y si la opinión y la crítica están fundamentadas y argumentadas,
y las respuestas son para el beneficio colectivo, para corregir y profundizar
en soluciones y esperanzas y no para crear más dudas y desconfianza, entonces,
la construcción de opinión y crítica, es dialéctica, pero también es
emancipadora/liberadora, no dominadora, para castrar el pensamiento o para
dormir o inmovilizar a un pueblo.
Conclusiones
El viaje de
norte a sur por las Américas revela que la libertad de expresión no es un
derecho estático, sino un organismo vivo que respira según el clima político de
cada nación, y en algunas sigue siendo una promesa, debido al control oligopólico de los medios, la
fragmentación del mercado publicitario y la precariedad laboral de los
comunicadores sociales, que menoscaba la diversidad de contenidos, la calidad
de la investigación y la imparcialidad. La esencia debe ser luchar contra la
falsedad, la intención maliciosa y deliberada de engañar, porque la clave no
está en limitar la expresión, sino en asegurar que su ejercicio sea responsable
y se rija por principios que promuevan la convivencia, en lugar de la
confrontación o el daño, por ello se asume que el equilibrio entre la libertad
de expresión y el respeto por el semejante es el reto central en cualquier
sociedad democrática.
