Por
el Tribunal 4to de los municipios
Libertador y Santos Marquina
*** Este desalojo
forzoso y acción esta fuera del marco de la Ley Contra una Adulta
Mayor ***
Nelson
Dugarte
El
pasado día 1 de noviembre de 2017 en horas de la tarde el Tribunal 4to de los
municipios Libertador y Santos Marquina representado por la Juez Mireya Flores
ejecuto un desalojo forzoso inhumanamente y fuera del marco de la Ley Contra
una Adulta Mayor de 84 años de edad la
ciudadana Carmen Pulido Galeano desconociendo de forma pública y notoria los
derechos y garantías constitucionales s que le asisten a la referida ciudadana
negándose de todas las formas y maneras a considerar su condición como
arrendataria originaria y primitiva de dicho inmueble por aproximadamente 25
años de su residencia ubicada en la calle ppal. Sector Sta. Barbará esta casa n 6-5 Av. Las
Américas.
Asi
lo señalaron mediante esta denuncia ante tal atropello las abogadas en
Ejercicio Luz Marina Bustos y Gumersinda Guzmán apoderadas judiciales de la
referida arrendataria dijeron que la
referida juez hizo caso omiso a la intervención del órgano rector en materia de
vivienda SUNAVI quienes se apersonaron
al sitio en defensa de la ciudadana Carmen
Pulido Galeano para mediar y acordar se cumpliera la vía administrativa que lleva este órgano rector, lo cual fue
desestimado por la referida juez. Así mismo hizo acto de presencia la Defensoría del
Pueblo quienes pudieron dejar constancia de
los hechos y de la violación de los derechos y garantías
constitucionales y de la arbitrariedad de la mencionada juez quien además
irrespetuosamente subestimo la presencia también de este órgano del estado,
acotaron.
En
ese sentido, “La referida juez violo el
debido proceso administrativo que rige la materia de vivienda es por eso que
formulamos esta denuncia ante tal
atropello señalando además la violación
al debido proceso y a la tutela
judicial efectiva del Tribunal Cuarto Ordinario y ejecutor de medidas de los
municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del
estado Bolivariano de Mérida, dejando a nuestra poderdante en total estado de
indefensión al no reconocer la legítima posición arrendaticia como habitante
de la vivienda con funcionamiento de
comercio, el cual repetimos ostenta por aproximadamente 25 años siendo esto
debida y fehacientemente probado ante
los órganos administrativos y jurisdiccionales antes señalados”, detallaron las
apoderadas judiciales.
Finalmente Bustos y Guzmán expresaron: “Denuncias que cursan ante la Inspectoría de Tribunales
quienes han podido constatar las irregularidades cometidas por el mencionado
tribunal y a quien se le aperturó un expediente
para los fines legales subsiguientes donde debe responder civil,
administrativa y penalmente por sus actuaciones”, aseguraron.
