(Mérida, 08/06/2025).- Cuando Luis Gerardo Vargas, funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), mató al latonero Wuilderman Paredes Moreno (32), la hija de este era una bebé de seis meses. Su madre y su pareja también dependían de él, pero ninguna de las tres ha recibido ningún tipo de reparación por parte del Estado, a pesar de que el asesinato de la víctima fue una ejecución extrajudicial ordenada por el jefe de la PNB de Mérida.
La noche del sábado 8 de junio de 2019, personas que tenían una semana en cola para poner gasolina a sus vehículos en la estación de servicio de Los Llanitos de Tabay, municipio Santos Marquina del estado Mérida, comenzaron a protestar por la recarga constante de combustible de una patrulla de la PNB. En medio de esa manifestación se encontraban Wuilderman Paredes y sus dos primos: Luis y Gerardo. Los tres fueron víctimas del ataque armado que ordenó Juan Bautista Cordero Freites, director de la PNB regional, para disipar la protesta.
Más de un año y tres meses después del asesinato, el primer juicio por este caso llegó a sentencia: el juez del Tribunal Penal de Juicio N° 05 del estado Mérida, José Gerardo Pérez Rodríguez, condenó a 18 años de prisión al funcionario Luis Gerardo Vargas, pero dejó en libertad plena a los otros cinco PNB implicados en el hecho, incluido el jefe de todos y autor de la orden de ataque: Juan Bautista Cordero Freites.
