miércoles, 14 de junio de 2023

Continúan acusaciones de presunta corrupción en la ULA

 




La semana pasada el vicerrector administrativo de la Universidad de Los Andes, Manuel Aranguren Rincón, acusó a dos de las empresas réntales de la ULA de no presentar información de los ingresos que ellas generan.

Durante su programa de televisión, en el cual se encontraba la directora del Concejo de Fomento de la ULA, Carolina Santiago, quien respaldó las acusaciones del vicerrector, ambos aseguraron que CorpoULA y la Corporación Parque Tecnológico, generan miles de dólares, los cuales no se conoce su destino.

Este lunes 12 de junio, el Consejo Universitario, mediante una moción de urgencia, solicitada por el rector Mario Bonucci, discutió la denuncia hecha por el vicerrector administrativo, durante la sesión esta autoridad no se hizo presente para sostener lo que había informado en los medios de comunicación.

El rector propuso que las autoridades gestoras de la denuncia deben darles ruta legal a sus señalamientos con elementos probatorios.

Señaló que el Consejo de Fomento dependencia del vicerrectorado administrativo tampoco ha presentado informes de los ingresos que percibe, los cuales señaló que también son miles de dólares, además es quien debería pedir las cuentas de las dos empresas denunciadas.

Por lo que el rector planteó que Corpoula, Parque Tecnológico y Consejo de Fomento presenten ante el CU sus respectivos informes sobre uso de recursos.

Adelantó que tanto Corpoula como Parque Tecnológico harán sus acciones jurídicas contra los denunciantes y que acompañará dichas acciones.

Exigen pruebas de las acusaciones


Los representantes legales de las Asociaciones Civiles Parque Tecnológico de Mérida y CorpoULA se dirigen a la comunidad universitaria y merideña en general a través de un remitido, frente a las acusaciones realizadas por el Vicerrector Administrativo de la Universidad de Los Andes, Manuel Aranguren, y la directora del Consejo de Fomento, María Carolina Santiago, a través de la Televisora Andina de Mérida.

En el remitido resaltan la obligación de la autoridad administrativa de presentar las pruebas siguiendo los canales regulares en lugar de hacer propaganda con sus acusaciones, recordando que su investidura le confiere el deber y el derecho de indagar en los aspectos financieros de la institución, a la vez que señalan el riesgo que traen para la universidad declaraciones como las emitidas por estas dos personas.

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