sábado, 22 de enero de 2022

LUIS LOAIZA RINCÓN: SIN MEJORES SALARIOS SERÁ IMPOSIBLE EVITAR EL DERRUMBE DE LA FUNCIÓN PÚBLICA




Diversos voceros, tanto gubernamentales como del mundo empresarial, vienen señalando que se está produciendo en Venezuela una cierta recuperación económica que impulsa el crecimiento de algunos importantes indicadores. Ciertamente, ya no enfrentamos la crítica escasez de bienes de consumo que tanto daño hizo al país y que obligó a miles de venezolanos a un éxodo que todavía persiste.


Sin embargo, pese a los signo de recuperación, los salarios siguen siendo ridículamente bajos como para sustentar un mejoramiento de la situación socioeconómica de millones de venezolanos, especialmente de los trabajadores del sector público.


Los sectores privados de la economía emprendieron el camino del ajuste salarial pagado en dólares, para mantener su funcionamiento y enfrentar en la práctica la dolarización de la economía. Pero quienes por fuerza se quedaron al margen del dólar, como los trabajadores de la administración pública, enfrentan un brutal empobrecimiento, lo cual literalmente ha conducido al derrumbe de sectores enteros como los de la salud y la educación.


De manera que no habrá ni salud ni educación pública de calidad mientras se mantenga un esquema salarial discriminatorio y terriblemente injusto porque deja a la sociedad sin dos de sus más importantes palancas para generar progreso social: la salud y la educación pública.


Por su nivel de deterioro socio económico y por el alto impacto social de su desempeño, los educadores merecen una mención especial. Si bien nadie ingresa al magisterio esperando enriquecerse, las dificultades que vienen enfrentando los educadores desde hace más de 15 años son dramáticas y ello se ha traducido en altos porcentajes de abandono laboral y en la importante caída de la calidad educativa. Pese a todo, la mística y el compromiso vocacional del magisterio venezolano resultan admirables. Sin educadores bien pagados y formados jamás habrá educación pública de calidad y sin ésta la brecha social, con toda su carga de injusticias, no hará sino generar desgracias.


Es urgente que se corrija esta situación y que el Estado cumpla con el mandato constitucional de atender la educación y la dignidad de los educadores como elementos centrales de una política de desarrollo y justicia social.


Lo mismo tendría que decirse de los profesionales cuyo desempeño resulta fundamental para la sociedad: médicos, enfermeras, bomberos, policías, fuerzas militares, oficinistas y funcionarios administrativos en general. El derrumbe de la función pública se agravó cuando el salario no permitió construir una vida digna. Ya es tiempo de una profunda revisión del tema.

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