lunes, 31 de enero de 2022

Es inédito en el Derecho Penal el caso de Alexandra Rodríguez en Mérida

 

En pleno ejercicio del Derecho a Réplica establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela






** Sólo un par de mensajes desde la plataforma Twitter, de una cuenta seguida por 56 personas, bastaron para señalar, imputar, detener y privar de libertad a la Abogado Alexandra Rodríguez.


Como un hecho inédito en el Derecho Penal fue calificado por los abogados de la defensa de Alexandra Rodríguez el hecho vivido en la Audiencia Especial de Imposición de Orden de Aprehensión e Imputación de los delitos de corrupción agravada (Art. 64 de la Ley Contra la Corrupción) y agavillamiento (Art. 286 del Código Penal), celebrada el pasado domingo 30 de enero de 2022, en la sala de Trauma y Shock (Emergencias) del Hospital del Instituto Venezolano del Seguro Social de la ciudad de Mérida, estado Mérida.


Los hechos que motivan el ejercicio del Derecho a Réplica


“En pleno ejercicio de nuestro Derecho a Réplica, conforme a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, señalamos que se han vulnerado todos los derechos de nuestra defendida, Alexandra Rodríguez, pues solo bastaron dos (2) “infundados” elementos de convicción, consistentes en: 1) El Acta Policial donde relatan las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la aprehensión; y 2) La transcripción de la presunta denuncia publicada en la red social Twitter según la cual consideran suficiente demostrar la presunta responsabilidad penal, de la investigada, en la comisión de los delitos de corrupción agravada y agavillamiento y procede a solicitar al Tribunal de Control (de Guardia) la orden de aprehensión por vía de excepción y, peor aún, el Tribunal incurre en el adefesio de declarar con lugar dicha solicitud y decretar judicialmente la orden de aprehensión, no tomando en consideración su condición de mujer vulnerable, la investidura desempeñada por la Dra. Rodríguez en el cargo de Fiscal Superior Auxiliar del Ministerio Público del Estado Mérida, la exposición mediática y difamatoria de su imagen como persona dedicada al servicio de la Administración Pública y los derechos inherentes a todo ser humano de ser amparado bajo los preceptos constitucionales del debido proceso, la presunción de inocencia, la correcta administración de justicia y la tutela judicial efectiva”, expresaron los abogados Nathan Alí Barillas Ramírez y Markos José Torres Colmenarez.


Violentados los derechos de la Abog. Alexandra Rodríguez


Antes estos hechos, Barillas Ramírez y Torres Colmenarez, indican que la Fiscalía del Ministerio Público pretende, infundadamente, endilgarle responsabilidad penal a la Dra. Alexandra Rodríguez, afirmando su vinculación con un presunto audio del cual se desconoce su contenido en las actas y de una publicación efectuada en una cuenta de la aplicación tecnológica Twitter cuyo ofrecimiento, como elemento de convicción, adolece del debido proceso en cuanto a su obtención en resguardo del debido cumplimiento de la cadena de custodia y el Tribunal, pese a ello, decide avalar dicha afirmación revestida de presunto “elemento de convicción” como suficiente y fundada para declarar suficiente la petición fiscal.

 

Por otro lado, el Tribunal omite pronunciarse sobre la desproporcionalidad invocada por la representación de la Defensa Técnica en relación a la medida cautelar privativa de libertad solicitada por el Ministerio Público y, pese a que pudo comprobar la situación gravísima del precario estado de salud de la funcionaria a través de los informes médicos de los especialistas en Cardiología y Medicina Interna del HIVSS, avalados y certificados por los médicos forenses adscritos al SENAMCF Mérida, accede a Decretar CON LUGAR la más grave de las medidas de coerción personal como lo es la privación preventiva de libertad contra la encartada de autos, avalando y cohonestando la arbitraria actuación fiscal.


Finalmente consideran que la publicación de su imagen, sin resguardo de su identidad como lo señala el maco legal vigente en la República viola sus derechos como ser humano y como mujer, “es un verdadero adefesio jurídico el que se ha tramado contra esta funcionaria público”, señalaron al culminar Barillas Ramírez y Torres Colmenarez.


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