martes, 8 de mayo de 2018

“Un año sin justicia”: El comunicado de Promedehum que exige investigaciones sobre sucesos durante las protestas en 2017


Once personas fallecieron y más de 1.200 resultaron lesionadas

 

 

 

 

 

***Toda persona que pasa a ocupar cargos de la administración pública debe investigar y denunciar las actividades violatorias a las leyes venezolanas en el lapso de 90 días continuos, de lo contrario, pasaría a ser cómplice silente y agravaría la ya deteriorada situación en derechos humanos.

 

 Prensa Promedehum

 

Este martes 8 de mayo, la ONG Promedehum (Promoción Educación y Defensa en Derechos Humanos) en la ciudad de Mérida emitió un comunicado denominado “Un año sin justica”,  el cual, expresa la preocupación de la inexistencia de una investigación transparente sobre los hechos acaecidos durante 2017 en las protestas antigubernamentales.  

 

El pronunciamiento público  exige que se  establezcan las responsabilidades en cuanto a las violaciones a los derechos humanos sucedidas y  recordó,  que el silencio de las autoridades regionales electas ante los graves sucesos en la gestión anterior, se podría considerar de alguna manera un acto de complicidad, pese a que,  las personas al ocupar cargos de administración pública tienen noventa  días para realizar las denuncias respectivas de todo aquello que consideren violatorio de las leyes venezolanas.

 

La ONG, registró más de 1200 personas heridas entre las que destacan varias  de gravedad, asimismo, diez ciudadanos  perdieron la vida mientras exigían sus derechos en las calles de la entidad andina, en febrero de 2018 se sumó la undécima víctima fatal, Anyelo Quintero, como consecuencia de las lesiones sufridas el año anterior.
 
 

A un año de los eventos consumados en la región, Promedehum  exige  sanciones a los responsables, para que las víctimas puedan acceder a la justicia y reciban   las reparaciones respectivas como lo dictamina la ley. El comunicado  subrayó  que las violaciones a los derechos humanos no son un simple hecho, mucho menos un evento que termina luego de una agresión, ya que,  mientras no se ejecute la justicia se conforma en una violación a los derechos humanos continua y prolongada.
 
“Pedimos a las autoridades regionales electas la investigación oportuna, veraz y transparente tanto de los sucesos acaecidos como de la actuación de las fuerzas de seguridad y de grupos irregulares, para determinar su responsabilidad así como su debida sanción en cumplimiento de lo establecido por el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), ya que se trata de eventos que a todas luces pueden ser calificados delitos de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles”.
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