El próximo 17 de diciembre se cumplen seis años de la abusiva
expropiación y ocupación, ordenada por el fallecido presidente Hugo Chávez, de
las más grandes haciendas y fincas de la zona sur del lago de Maracaibo, sin
que hasta la fecha el régimen haya indemnizado a ninguno de los propietarios ni
las haya puesto a producir, y lo que hasta ese año fueron emporios ganaderos y
agrícolas, hoy es tierra arrasada e improductiva.
Así lo recordó el pre candidato a la Gobernación de Mérida,
Carlos Ramos, quien, en un acto realizado en la población de La Azulita,
municipio Andrés Bello, llamó la atención sobre esta humillación a la que
fueron sometidos los productores que fueron tratados como delincuentes por
parte del ejército y los seguidores del chavismo. Señaló que este episodio no
se puede olvidar pues demuestra que estamos ante un régimen antidemocrático,
que no respeta ley ni estado de derecho, que no cree en la propiedad privada y
el trabajo decente.
De ese hecho solo quedó un número de familias, a quienes se
les robaron años de dedicación, inversión y esfuerzo, muchas personas sin
trabajo, traumas difíciles de superar, y falsas promesas de inversión pública
que no fueron cumplidas ni por el fallecido Chávez ni Maduro, y,
paradójicamente, el sur del lago es una de las zonas que más sufre ahora de la
escasez y carestía de alimentos.
Entre los casos, Ramos recordó la finca El Tamarindo, de
Magaly Grisolía de Barruche. Se ha denunciado que allegados a la Alcaldía del
municipio Ramos de Lora se quedaron con muchas parcelas, les dieron créditos y
luego las vendieron, mientras que a los verdaderos dueños los sacaron. Antes de
esa fecha ocurrió un emblemático y triste caso, como el de la invasión a la
finca de la familia Torres, para dársela a cooperativas con muchos recursos que
no hicieron nada, y una de sus miembros, pagó prisión por varios años al verse
obligada a accionar el arma, en defensa de su vida y de
la propiedad de su familia, en contra de uno de los invasores.
Hizo mención también a los casos de la Hacienda La Palmita,
en La Azulita, propiedad privada productiva con cadena titulativa donde cuatro
generaciones han trabajado desde 1930, y a pesar de esto el INTI no la ha
devuelto a sus propietarios; la propiedad de Chepo Vera en La Carbonera,
ocupada y muy visitada por personeros del régimen; la hacienda de Oswaldo Celis, quien falleció y
dejó a una familia en la calle solo porque
al régimen se le ocurrió
expropiarla y repartirla sin respetar derechos; la hacienda Onia, de la familia
Mendoza, que tenía una producción de ocho litros por búfala, y hoy en día está en ruinas y los invasores la
han revendido varias veces; y la propiedad La Chapala, de Don Albino Newman, en el municipio Ramos de Lora, hoy en día abandonada en un 80
por ciento, sin ganado porque lo
vendieron y convertida en comando de la Guardia Nacional.