Prensa Carlos Ramos
Solo un 20 por ciento de venezolanos son beneficiados por el
régimen de Nicolás Maduro con el reparto de alimentos a través de los Comités
Locales de Abastecimiento y Producción, Clap, mientras que el 80 por ciento
restante de la población es discriminada por razones políticas.
Así lo denunció el pre candidato a la Gobernación de Mérida,
Carlos Ramos, quien ratificó que, con esta exclusión, el régimen está
violentando el Artículo 21 de nuestra
Constitución, el cual señala claramente que todas las personas son iguales ante
la ley y, en consecuencia, no se permitirán discriminaciones fundadas en la
raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, anulen o menoscaben el reconocimiento, goce o
ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de las
personas.
Con la distribución de alimentos, continuó, el régimen está
desconociendo flagrantemente este derecho y, lo más grave, es que las principales
víctimas de este atropello son los pobres de Mérida y de Venezuela en general.
Ramos informó que ha recibido denuncias muy concretas de vecinos de algunas
comunidades de los municipios Alberto Adriani y Libertador, los más grandes del
estado demográficamente, quienes se quejan de que tienen más de tres meses sin
recibir las bolsas de comida Clap y, a otros, sencillamente no les han llegado
nunca por no ser miembros del PSUV.
Citó el caso de la comunidad de El Llanito, parroquia
Spinetti Dini del municipio Libertador, cuyos vecinos ejercieron presión ante
las autoridades competentes, entre estas la Defensoría del Pueblo, y acordaron
que el Consejo Comunal explicaría con transparencia todo lo referente al censo
y el reparto de alimentos en igualdad de condiciones. De esto hace más de un
mes y aún no se ha cumplido nada de lo acordado. Esta grave situación está
ocurriendo también en otras parroquias del municipio Libertador, afectando
mayormente a las familias de menores recursos.
Reiteró Carlos Ramos que, de esta forma, se le niega a los
más pobres la posibilidad de acceder a los alimentos, más si saben que una determinada comunidad no está de acuerdo con el gobierno.
Esta discriminación viola los derechos humanos y es repudiable, pues la
distribución de alimentos para el pueblo no puede tener tintes políticos,
ideológicos o partidistas. Las políticas públicas deben beneficiar a todos los
venezolanos por igual y el único criterio para ello debe ser la necesidad y no
la militancia política.
