En defensa del pueblo
***Producto de las investigaciones que ejecuta el Gobierno revolucionario
en algunas empresas privadas ocupadas, se vislumbró una serie de condiciones
laborales que distaban notablemente de los beneficios que otorga la empresa de
Gas Comunal en favor de la masa laboral
A
más de 30 días de la ocupación progresiva de las empresas que distribuyen y
comercializan gas doméstico y comercial en el eje metropolitano del estado bolivariano
de Mérida, la gobernación revolucionaria de la entidad, conjuntamente con Pdvsa
Gas Comunal, hizo público que incrementaron de dos mil 200 cilindros de gas
(antes del procedimiento), a tres mil 500 cilindros diarios.
Así
lo informó el secretario general de Gobierno, Luis Martínez, quien destacó durante
una rueda de prensa, que la meta a corto plazo para el suministro de cilindros
será de cuatro mil 500 unidades. “En el pasado, las empresas privadas recibían
un promedio de 10 a 15 gandolas semanales, actualmente recibimos 30; duplicamos
la productividad en este rubro, que se
traduce en un mejor servicio al pueblo”.
Martínez
explicó que cada planta ocupada está siendo tratada por separado, gracias a la
experticia de un equipo de técnicos especializados, quienes el próximo 20 de
octubre tienen la misión de elaborar un informe final acerca del funcionamiento
de las mencionadas empresas, que será remitido al gobernador del estado, Alexis
Ramírez y, posteriormente, al ministro de Energía y Petróleo, Eulogio del Pino, quien tomará las resoluciones
finales sobre las compañías ocupadas.
“Hemos tenido la experiencia de empresarios que
están ganados a colaborar en este periodo de ocupación y otros que no; el Gobierno
nacional y regional está interesado en seguir trabajado con aquellos que
quieran sumarse a la gran labor de construir patria”, acotó el representante
gubernamental.
Igualmente denunció que algunos dueños de empresas privadas
involucradas en el rubro del gas estatal, estuvieron implicados en la
denominada “salida”, a través del saboteo en la distribución del servicio, a pesar
del apoyo brindado por el Ejecutivo merideño en la resolución de la
problemática, para mejorar el servicio.
Antes de la intervención estatal, la empresa privada
tenía el 71 % de la distribución del gas en el estado Mérida y 29 % en el sector público; producto de esta medida
revolucionaria, cambió esa cifra a 52 % la empresa privada y 48 % el sector
público.
Trabajadores
de acuerdo con la ocupación
En la actividad también estuvo la gerente estatal de
Gas Comunal, Yajaira Ramírez, quien desmintió que los trabajadores de las
empresas ocupadas fueran maltratados por la comitiva del Gobierno revolucionario,
como fue sugerido por algunos medios informativos
locales.
“Los voceros de los trabajadores privados
manifestaron su aprobación por la medida y su repudio ante las declaraciones
que afirmaban lo contrario”, manifestó.
Según la autoridad pública, el salario establecido
en la empresa privada es de siete mil 421 bolívares con 68 céntimos, el bono de
alimentación es de mil 650 bolívares y sólo gozan de 15 días de vacaciones; en
cambio, los trabajadores de la empresa estatal devengan mensualmente a través
del contrato colectivo, un salario de ocho mil 163 con 84 céntimos, además de
un bono de alimentación de cinco mil 300 bolívares, 30 días de vacaciones con
una bonificación de 53 días (más un día añadido por los años de servicio) y el
derecho a una póliza de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM), además
de una serie de primas laborales y jornadas sociales en beneficio de la masa
laboral.
Ramírez
subrayó que la empresa revolucionaria imparte cursos de capacitación
conjuntamente con los trabajadores del sector privado. “Ellos manifestaron que
nunca en su estancia en las dependencias particulares habían recibido un
recurso tan importante como este, a la par de la interacción con los gerentes y
demás personal administrativo”. (Prensa
OCI/ Reinaldo Burgués).
