Mérida, 2 de noviembre de 2026.— Era mediados de 2022 cuando Elizabeth Marín, profesora de Arte Latinoamericano y Contemporáneo en la Universidad de Los Andes (ULA), fue diagnosticada con cáncer de mama. Tenía 56 años, un doctorado en Historia del Arte, 17 años como docente universitaria y un sueldo mensual equivalente a 120 dólares en ese entonces.
«Fui diagnosticada con un cáncer de mama en etapa temprana y todo iba bien. Me operé en el hospital. El IPP me compró todos mis insumos. Yo lo que tuve que costear fueron los medicamentos y lo que vino después», cuenta Marín vía telefónica al Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA).
Aunque ella señala que «todo iba bien» tras su diagnóstico y cirugía, la historia del declive presupuestario del Instituto de Previsión Social del Personal Docente y de Investigación (IPP) de la ULA muestra que su atención médica debió ser y debería ser mejor.
En el Informe sobre el acceso de los universitarios al derecho a la salud (2018), este Observatorio señaló que el Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología dejó de pagar en septiembre de 2017 la partida destinada a la cobertura básica de salud del IPP-ULA. Pero los recortes comenzaron un lustro antes: en julio de 2012, el IPP-ULA tampoco recibió la previsión social ni el seguro de salud (HCM) correspondiente al segundo semestre de ese año.Equipo de prensa
