Durante su intervención en el Consejo Universitario de este lunes, el consejero universitario de la Universidad de Los Andes (ULA), Andrés Hernández, alzó la voz para exigir franqueza y claridad institucional frente a las dilaciones y narrativas que rodean el proceso electoral de la casa de estudios.
Exigencia de franqueza institucional
Hernández enfatizó que es momento de desenmascarar y hablar con franqueza a la opinión pública sobre la situación real que atraviesa la universidad. Señaló que, si bien la buena voluntad de los ministerios es bien recibida, el proceso electoral universitario no puede depender de ella, pues este debe llevarse a cabo de forma independiente.
Cumplimiento de sentencias del TSJ
El consejero universitario afirmó que la comunidad ulandina ha cumplido rigurosamente con los requerimientos y pautados establecidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en sus distintas sentencias.
Rechazo a la narrativa de dilaciones
Hernández cuestionó las contradicciones en los discursos gubernamentales, criticando que se pretenda desviar la atención o matizar la situación bajo la premisa de ser «puentes de diálogo» mientras se ignoran los antecedentes de suspensiones y prórrogas que han afectado a la universidad durante años. Recordó que la institución ha lidiado históricamente con largos periodos de prórroga y retrasos prolongados en el marco normativo.
Un proceso electoral sin recursos ni presupuesto
El representante estudiantil denunció con firmeza que el actual proceso electoral se está ejecutando desde la universidad en condiciones sumamente adversas, careciendo de presupuesto y recursos adecuados. Pese a ello, reiteró que la comunidad universitaria se mantiene firme en cumplir con el proceso dentro de los lapsos que la misma casa de estudios demanda.
Llamado a la responsabilidad política
Finalmente, Hernández rechazó categóricamente que se intente culpar al Consejo Universitario, a la Comisión Electoral o a los candidatos de las prórrogas o diferimientos, reiterando que la exigencia central es la voluntad política real para consolidar los objetivos de las universidades autónomas. /Redacción RDM
