El
equipo jurídico del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los
Andes (ODH-ULA) introdujo este lunes, 6 de julio, una denuncia ante la Fiscalía
Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado
Mérida, por el delito de invasión contra la Estación Experimental Judibana,
propiedad de la ULA, cuyos espacios son ocupados ilegalmente y destruidos por
invasores desde el año 2016. El delito de invasión está establecido en el
artículo 471-A del Código Penal venezolano.
La
pertinencia de esta denuncia se basa en la más reciente ocupación ilegal de la
conocida como Finca Judibana por parte de miembros de consejos comunales de la
zona donde se ubica esta Estación Experimental de la ULA, en el municipio
Alberto Adriani de Mérida. Estas personas iniciaron la invasión el pasado 17 de
junio y desde entonces han causado destrozos, robos y están comercializando la
leche que producen las vacas de la finca, alegando que “tienen hambre”. Durante
cuatro años invasores han ocupado por períodos la Finca Judibana, haciendo
robos y causando daños irreparables.
Cuatro años de invasión
y ecocidio
La
acción legal ejecutada por parte del ODH-ULA este lunes se suma a otra denuncia
introducida desde hace más de un año ante la Fiscalía 23 del estado, con
competencia en delitos ambientales. La referida denuncia se basa en el daño
ecológico causado a la Finca Judibana, que incluye delitos de tala, quema,
deforestación y ecocidio. El equipo jurídico de este Observatorio ha ratificado
en varias oportunidades esta acusación, sobre la que la Fiscalía no ha dado
respuestas.
Los
daños causados a la Finca Judibana por los invasores, que desde 2016 toman cada
vez más espacios, ponen en riesgo proyectos de investigación científica únicos
en el país, cuyo desarrollo suma décadas en algunos casos y cuyos hallazgos y
logros son imprescindibles para el desarrollo de la nación. Así mismo, la
invasión y destrucción de la Estación Experimental Judibana atenta contra la
existencia del Núcleo Universitario Alberto Adriani de la ULA, cuya sede
funciona en esos espacios.
“Desde
el año 2016 y hasta la presente fecha permanece invadida la Estación
Experimental Judibana del Núcleo Alberto Adriani de la ULA (NUAA-ULA),
afectando 240 hectáreas de un total de 250. Investigaciones de genética bovina,
agroforestería: cacao, bambú y especies forestales, han sido destruidas y los
estudiantes se han visto imposibilitados de realizar sus prácticas de campo”,
detalló el ODH-ULA en su informe sobre la situación de los derechos humanos en
Venezuela, con especial referencia a la región andina (2018-2019).
Entre
los proyectos de investigación científica que están en riesgo de perderse
debido a la invasión y destrucción de la Finca Judibana destacan los derivados
del convenio firmado entre la ULA y la empresa Nestlé, así como el Proyecto de
sistemas agroforestales de árboles maderables con cacao, que comenzó en el año
2007. Lamentablemente, el Proyecto Bambú, fruto de un convenio bilateral con
Japón, quedó extinguido luego de un incendio intencional causado por los
invasores en agosto de 2019 al sembradío de bambúes. El ODH-ULA anexó a su
denuncia fotografías de este ecocidio sobre el que la justicia venezolana no ha
actuado.
Medida de protección que
nadie hace cumplir
El
29 de julio de 2016, el Tribunal Superior Agrario de la Circunscripción
Judicial del estado Mérida dictó una medida de protección a la Estación
Experimental Judibana, bajo el expediente N° S-00051-2016. Dicha medida declara
que los terrenos pertenecientes a la Finca Judibana son de uso exclusivo para
actividades de educación, investigación y extensión.
Pese
a las reiteradas denuncias y solicitudes de acción para desalojar a los
invasores hechas por las autoridades del NUAA-ULA ante los distintos cuerpos de
seguridad y defensa del Estado, durante casi cuatro años no han cesado los
ataques a la Finca Judibana. El ODH-ULA recuerda que el delito de invasión es
permanente y solo cesa con el desistimiento de los invasores. Así mismo, este
Observatorio resalta que los daños y robos cometidos en las universidades
públicas y autónomas del país son a su vez daños contra bienes de la nación.
En
febrero de 2018 el ODH-ULA emitió el Informe preliminar: invasión de
dependencias universitarias. Violación de la autonomía, el derecho a la
educación y el acceso a la justicia en materia ambiental, donde indica que
entre los años 2004 y 2018 al menos 14 dependencias de cinco universidades
autónomas del país han sido invadidas y
desvalijadas. Una de ellas también pertenece a la ULA, la Estación Experimental
Caparo, adscrita a la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de esta
casa de estudios y ubicada en el estado Barinas. Desde el año 2004 invasores
ocupan intermitentemente sus terrenos causando desforestación y otros delitos
ambientales
