La comunidad merideña y el entorno político venezolano reaccionaron con alarma este viernes tras confirmarse la detención de Carlos García, exalcalde del municipio Libertador (Mérida), por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
El arresto se produjo de manera inesperada en la ciudad de Cincinnati, Ohio, cuando el dirigente del partido Primero Justicia acudió a una cita migratoria de rutina. García, quien reside en el exilio desde 2017, se encontraba en el proceso de renovación de sus permisos de permanencia bajo una solicitud de asilo.
Según denunció María Beatriz Martínez, presidenta de Primero Justicia, García contaba con asilo y permiso de trabajo vigentes hasta el año 2030. Sin embargo, fue esposado por dos funcionarios sin que se precisara una causa legal inmediata para su retención.
Carlos García huyó de Venezuela en 2017 tras ser destituido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que lo condenó a 15 meses de prisión por no impedir las protestas antigubernamentales en su jurisdicción.
Gaby Duarte, esposa del exalcalde, difundió un mensaje urgente en redes sociales expresando que el mayor temor de la familia es una posible deportación a Venezuela, donde García es considerado un perseguido político y su integridad física correría grave peligro.
Diversos líderes de la oposición venezolana han calificado la medida como "grave" e inexplicable. Han recordado que García no posee antecedentes penales en Estados Unidos y ha sido un ciudadano ejemplar durante su estancia. Organizaciones de derechos humanos han solicitado una revisión humanitaria del caso, apelando a los principios internacionales de protección a refugiados.
Las oficinas de ICE no han emitido un reporte oficial sobre el estatus legal del exalcalde ni las razones que motivaron el cambio en su situación migratoria.
Leonardo Rodríguez Dugarte
