La Superintendencia
Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) y el
Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional han intensificado sus
operativos en los establecimientos comerciales del estado Mérida.
El despliegue busca
verificar el comportamiento de los precios y garantizar el abastecimiento,
combatiendo así cualquier práctica que distorsione la economía y vulnere los
derechos socioeconómicos de las familias merideñas afectadas por las intensas
precipitaciones.
En este sentido,
las autoridades están vigilantes para impedir la especulación y el
acaparamiento, acciones que serán sancionadas rigurosamente conforme a lo
establecido en la Ley Orgánica de Precios Justos. El objetivo es claro:
proteger al pueblo de aquellos que buscan aprovecharse de situaciones
coyunturales para obtener beneficios ilícitos. Iván Alfonso Rivera