El lunes 24 de abril de 2017 a Daniel Infante le desgraciaron la vida. Ese día, durante el «Plantón nacional contra la dictadura» convocado por la oposición venezolana, Daniel salió a la entrada de su edificio a conversar con vecinos que participaban en la protesta. En ese momento llegaron motorizados encapuchados y atacaron con armas de fuego. Daniel recibió un disparo en la cabeza cuya bala se alojó en el lado derecho de su cerebro, donde aún permanece, dejándolo inmóvil e incapaz de valerse por sí mismo.
El caso de Daniel Infante es uno de los cientos que constituyen graves violaciones de derechos humanos y que han sido documentados por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) desde 2014, la mayoría de ellos en total impunidad. Solo en el contexto de protestas sociales antigubernamentales, el ODH-ULA registró ese año ocho asesinatos en la región andina del país. En 2017, la cifra de personas asesinadas en Mérida, Táchira y Trujillo el marco de las manifestaciones ciudadanas ascendió a 31. Dos años después, en 2019, al menos 11 personas perdieron la vida a manos de funcionarios de la fuerza pública en el estado Mérida.
El más reciente informe del ODH-ULA, titulado Impunidad ante graves violaciones de derechos humanos con especial referencia a la región andina de Venezuela, documenta casos registrados durante las protestas sociales de 2014 y 2017, así como la situación de Venezuela en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ante la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en el país, con énfasis en las evidencias que demuestran que el Estado venezolano no tiene capacidad estructural ni interés en investigarlos.
