(Mérida 16/06/2021).- El pasado 15 de junio de 2021 se cumplen cuatro años del cese de transmisiones de la única televisora universitaria de Venezuela, ULA TV. La salida del aire de este medio de comunicación institucional, que también informaba sobre los acontecimientos más importantes de los estados andinos del país, fue una decisión del gobierno de Nicolás Maduro. Con este hecho se concretaron las amenazas emitidas contra el canal en reiteradas ocasiones por el entonces gobernador de Mérida, Alexis Ramírez.
ULA TV era uno de los tres medios de comunicación que tiene la Universidad de Los Andes, pero a partir del 15 de junio de 2017 dejó de transmitirse en señal abierta, como ocurría desde 1999. La decisión de retirar la concesión para el uso y explotación del canal UHF 29 de la televisión nacional fue emitida por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), luego de una exhaustiva revisión hecha en la sede del canal el día anterior.
Funcionarios de Conatel alegaron que el retiro de la concesión se debía a que la televisora no contaba con la renovación de la misma, pese a que sus representantes la habían solicitado en reiteradas ocasiones ante ese organismo, sin recibir respuesta. Al cierre del canal se sumó la confiscación de costosos equipos que, hasta la fecha, no han sido devueltos, así como la apertura de un procedimiento administrativo sancionatorio que se encuentra paralizado, según información de Nelson Espinoza, Director General de Medios de la ULA.
Dicho procedimiento buscaba sancionar a la televisora por incumplimiento del numeral 1 del artículo 165 y numeral 2 del artículo 172 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que establecen los requisitos y las sanciones sobre el uso y explotación de canales en señal abierta.
Represalias y asfixia
Antes de que Conatel cerrara ULA TV, el por entonces gobernador de Mérida, Alexis Ramírez, acusó públicamente a la televisora de “prestarse” para emitir las protestas sociales ocurridas en Mérida ese año 2017, las cuales fueron fuertemente reprimidas por funcionarios de la fuerza pública y civiles armados afectos al régimen. “Ahí están todas las grabaciones en ULA TV que se ha prestado para estos actos criminales”, dijo Ramírez el 24 de abril de 2017, luego del plantón nacional que convocó la oposición para ese día y en el marco del cual fueron asesinadas y lesionadas decenas de personas en Mérida.
Pero además de cerrar arbitrariamente este medio de comunicación, el gobierno ha limitado al punto de casi paralizar el funcionamiento de ULA FM y Prensa ULA, los otros dos medios de la Universidad de Los Andes. Esto ha sido consecuencia de la asfixia presupuestaria ejercida contra esta institución. Desde 2008 las universidades públicas que se resisten al control del régimen sufren importantes recortes a los presupuestos que solicitan y el salario de sus trabajadores no llega ni a 25 dólares mensuales, en el mejor de los casos.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) recuerda esta fecha para reiterar su rechazo y condena al cierre de ULA TV, hecho que forma parte de la política de censura que ejerce el régimen de facto desde el año 2007, cuando decidió sacar del aire a RCTV.
La censura, el amedrentamiento, la persecución, el hostigamiento y la asfixia económica a medios de comunicación y periodistas vulnera los principios de la libertad de expresión consagrados en instrumentos jurídicos internacionales y nacionales, así como el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
