Al Gobierno de Venezuela y a la comunidad nacional e internacional:Comunicado de la ONG Una Ventana a la Libertad


Comunicado de la ONG Una Ventana a la Libertad








Venezuela se suma a la larga lista de países del mundo, en los que el Coronavirus ha llegado y se ha propagado de manera acelerada. 
También es sabido por toda la comunidad nacional e internacional, la grave crisis carcelaria que atraviesa Venezuela desde hace varios años y que ha vulnerado los más elementales derechos humanos de la población penitenciaria nacional.

La ONG Una Ventana a la libertad desde 1997, promueve  y defiende los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en Venezuela a través de la investigación, la creación de propuesta legislativas en materia penitenciaria y la formulación de políticas públicas que vayan en beneficio de la población penitenciaria y sus familiares.

En 22 años, son innumerables los informes y denuncias que UVL ha presentado sobre el colapso del sistema penitenciario venezolano y las graves consecuencias que ello ha causado a la población reclusa del país, a través de un exhaustivo monitoreo de los principales Centros de Detención Preventiva ubicados en los 15 estados en los que UVL tiene presencia a través de sus investigadores.
En el más reciente informe de 2019, con base en las  alertas levantadas,  se señala  cómo las  muertes de reclusos  bajo custodia del Estado, son una consecuencia en muchos casos, inevitable. 
Es el hacinamiento carcelario, la principal causa de la crisis penitenciaria en Venezuela y el compañero constante de todas las otras violaciones de derechos fundamentales  de los reclusos, pues constituye uno de los primarios riesgos de salud para la población penitenciaria.

Actualmente, en los espacios monitoreados por UVL, existe una población carcelaria de 19.091 reclusos, distribuida en unos centros de detención preventiva, diseñados para albergar de manera temporal a una población de  apenas 6.448 detenidos. 

Del monitoreo realizado por UVL a 238 calabozos en 15 estados, se desprende un 205 % de hacinamiento. Ello ha propiciado enfermedades infecto- contagiosas  en al menos  494 detenidos, es decir, un 44, 8 % de las enfermedades reportadas. A ello se le suman los 224 enfermos de tuberculosis y los 22 reclusos que murieron en el 2019 solo por esta enfermedad.

También en el 2019, UVL reportó la falta de saneamiento  en el 93 % de los centros de detención monitoreados, en donde permanecen reclusos con severos cuadros de desnutrición, producto de la desatención gubernamental en proveer de alimentos y medicamentos, a la población penitenciaria.

Hoy, cuando Venezuela debe enfrentar la propagación de un virus declarado por la Organización Mundial de la salud, como pandemia;  frente a un colapso del sistema sanitario nacional y ante un hacinamiento carcelario desproporcionado,  Una Ventana a la Libertad exhorta y demanda de las autoridades gubernamentales, de las autoridades carcelarias y sanitarias del país, la inmediata atención a la población de privados de libertad, a la que por cierto se le ha restringido las visitas familiares para evitar cualquier contagio del COVID19, una vez que se confirmaron los primeros casos en el país. 

Para nadie es un secreto, que son los familiares quienes corren con la responsabilidad y los gastos de alimentación y medicamentos de los reclusos, pues el Estado y el gobierno venezolano se han olvidado de  cumplir con los más elementales y fundamentales derechos humanos de los privados de libertad. 

UVL, exige que el gobierno venezolano atienda con extrema urgencia  a esta población carcelaria, de por si vulnerable y expuesta lamentablemente a  enfermedades contagiosas, que en el contexto de la propagación del COVID19 en el país, puede padecer mayores complicaciones sanitarias a las que ya sufre desde hace varios años.
Una Ventana a la libertad seguirá  abogando  por los derechos de todos los reclusos de Venezuela, sin distinciones y exclusiones. Con ese mismo criterio de inclusión, reitera su compromiso de seguir  siendo voz de los que no la tienen y seguir velando  por los derechos humanos de toda la población carcelaria del país.