El planteamiento fue hecho por Antonio Díaz, director de RR HH de la gobernación
*** La reforma del régimen de prestaciones sociales es un asunto legal que solo debe ser ejecutado por el órgano correspondiente, que es el Poder Legislativo nacional
Ante el gran impacto que han sufrido las prestaciones sociales como consecuencia de la reconversión monetaria, el director de Recursos Humanos de la Gobernación del estado Mérida, Antonio Díaz, fijó posición debido a la devaluación que las mismas han presentado, en defensa de los trabajadores que por años brindaron sus servicios a la administración pública en la entidad.
Con la eliminación de ocho dígitos al signo monetario del país, tres en una primera ocasión y cinco en la más reciente, las prestaciones sociales prácticamente desaparecieron, advirtió Díaz, quien puso como ejemplo los casos de trabajadores que con 25 y 30 años de servicio, el monto de sus prestaciones sociales, en la actualidad, alcanzan los 11 bolívares soberanos.
Dejó claro que aun cuando el Ejecutivo regional tenga interés en que los criterios que rigen la materia sean modificados en beneficio de los trabajadores, no es competencia del gobierno de Ramón Guevara; por el contrario, es reserva legal y le corresponde al órgano legislativo nacional.
“Son ellos los que deben legislar o modificar el régimen de prestaciones sociales, que no son más que el ahorro que tenían los trabajadores para el momento de terminar su relación de trabajo”, expresó.
Antonio Díaz considera que esta es una lucha que tiene que darse a nivel nacional, “porque aquí estamos afectados todos, los trabajadores que egresaron y los que estamos activos; en el momento en que nosotros egresemos, las prestaciones sociales no nos van a alcanzar ni siquiera para un desayuno decente”.
Desde que inició la gestión de Ramón Guevara, la Dirección de Recursos Humanos comenzó a hacer una revisión exhaustiva del estatus de los trabajadores y encontró deudas por prestaciones sociales que datan del año 2008.
Y aunque la intención era cancelar de inmediato esas obligaciones, no se había podido porque la maqueta de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) solo permite el cálculo de cinco conceptos de pago como son: sueldos y salarios, primas de antigüedad, profesionalización, primas por hijos y bono de alimentación.
Sin embargo, la solicitud fue hecha en reiteradas oportunidades y recientemente —por primera vez dijo Díaz— la Onapre aprobó un crédito por 83 millones de bolívares orientado al pago de este beneficio, monto que calificó como insuficiente para cumplir con los compromisos pendientes desde el 2008.
Reiteró que el problema de las prestaciones sociales no es un asunto exclusivo de la Gobernación del estado Mérida, es un problema nacional que perjudica a todos los trabajadores, “porque les repito, recibir después de 25 años de servicio un cheque por 11 bolívares soberanos es ofensivo, es inmoral”, sentenció.
Considera Díaz que se debe iniciar de inmediato un debate sobre este particular y exigir al órgano legal correspondiente la reforma del régimen de prestaciones sociales, ya que no solo se ven afectados los trabajadores de Mérida sino de todo el país. /Prensa OCI
