domingo, 12 de noviembre de 2017

Desalojada ciudadana octogenaria de su vivienda violentándole sus derechos y garantías constitucionales


Por el  Tribunal 4to de los municipios Libertador y Santos Marquina

 



*** Este desalojo forzoso y acción esta  fuera  del marco de la Ley Contra una Adulta Mayor  ***

 

Nelson Dugarte

 

El pasado día 1 de noviembre de 2017 en horas de la tarde el Tribunal 4to de los municipios Libertador y Santos Marquina representado por la Juez Mireya Flores ejecuto un desalojo forzoso inhumanamente y fuera del marco de la Ley Contra una Adulta Mayor de 84 años de edad  la ciudadana Carmen Pulido Galeano desconociendo de forma pública y notoria los derechos y garantías constitucionales s que le asisten a la referida ciudadana negándose de todas las formas y maneras a considerar su condición como arrendataria originaria y primitiva de dicho inmueble por aproximadamente 25 años de su residencia ubicada en la calle ppal. Sector  Sta. Barbará esta casa n 6-5 Av. Las Américas.

 


Asi lo señalaron mediante esta denuncia ante tal atropello las abogadas en Ejercicio Luz Marina Bustos y Gumersinda Guzmán apoderadas judiciales de la referida arrendataria dijeron que  la referida juez hizo caso omiso a la intervención del órgano rector en materia de vivienda  SUNAVI quienes se apersonaron al sitio en defensa de la ciudadana  Carmen Pulido Galeano para mediar y acordar se cumpliera la vía administrativa  que lleva este órgano rector, lo cual fue desestimado por la referida juez. Así  mismo hizo acto de presencia la Defensoría del Pueblo quienes pudieron dejar constancia de  los hechos y de la violación de los derechos y garantías constitucionales y de la arbitrariedad de la mencionada juez quien además irrespetuosamente subestimo la presencia también de este órgano del estado, acotaron.

 

En ese sentido,  “La referida juez violo el debido proceso administrativo que rige la materia de vivienda es por eso que formulamos esta  denuncia ante tal atropello señalando además la violación  al debido proceso  y a la tutela judicial efectiva del Tribunal Cuarto Ordinario y ejecutor de medidas de los municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida, dejando a nuestra poderdante en total estado de indefensión al no reconocer la legítima posición arrendaticia como habitante de   la vivienda con funcionamiento de comercio, el cual repetimos ostenta por aproximadamente 25 años siendo esto debida y fehacientemente  probado ante los órganos administrativos y jurisdiccionales antes señalados”, detallaron las apoderadas judiciales.

 

Finalmente  Bustos y Guzmán expresaron: “Denuncias que  cursan ante la Inspectoría de Tribunales quienes han podido constatar las irregularidades cometidas por el mencionado tribunal y a quien se le aperturó un expediente  para los fines legales subsiguientes donde debe responder civil, administrativa y penalmente por sus actuaciones”, aseguraron.
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