lunes, 14 de septiembre de 2015

MERIDA: Jueza Barreiros actuó cónsona de un estado social de derecho y de justicia

 
Gobernador y Procurador se solidarizan
Jueza Barreiros actuó cónsona de un estado social de derecho y de justicia
 
 
*** Se hace necesario que el pueblo merideño recuerde los hechos acaecidos en el mes de febrero de 2014 en casi todo el territorio venezolano, y que se mantuvieron durante más de 75 días, en donde la situación de hecho comenzó desde el llamado a los estudiantes y pueblo venezolano, por parte del ciudadano Leopoldo López***
Nelson Dugarte
El Estado Bolivariano de Mérida a través de su máxima autoridad del Poder Ejecutivo, Gobernador Ramón Alexis Ramírez Marquez, y el ciudadano Procurador General del Estado Bolivariano de Mérida Juan Luis Suarez Rincón, se solidarizan con la decisión tomada el día  10 de septiembre de 2015, por la Jueza Susana Barreiros, Jueza Vigésima Octava de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en razón de que la misma fue tomada teniendo en cuenta la autonomía de los Poderes Públicos, y en salvaguarda de los principios y garantías constitucionales del debido proceso y tutela efectiva, cónsona de un Estado Social de Derecho y de Justicia, conforme a los artículos 26 y 49 constitucionales.
En tal sentido, Alexis Ramírez Gobernador del estado expresó tales acciones consistieron en colocar barricadas con objetos de desecho de inmensas proporciones, basura, escombros, bienes muebles del estado, vehículos, basura acumulada para ser usada de manera indiscriminada, aunado a que hubo quema de cauchos, lanzamiento de artefactos explosivos caseros, colocación de miguelitos y uso de armas de fuego.
Asimismo el Gobernador Ramírez dijo, podemos recordar estas actuaciones trajo consecuencias graves, como la muerte de 43 venezolanos, 486 venezolanos heridos de gravedad aproximadamente, secuestro de personas y vehículos, a quienes se les impidieron el libre tránsito peatonal, el paso vehicular, así como fueron sometidos a un acoso físico y psicológico permanente de graves e impredecibles proporciones; vulnerándoles derechos constitucionales tales como el derecho a vida, la libertad, al descanso, la recreación, la salud, al ambiente, al deporte, a su integridad física, psíquica y moral, y al libre tránsito, concluyó.
 
 

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